El Gobierno Argentino Reduce Más de 52,000 Empleos Públicos en su Gestión.
En lo que va de su gestión de 19 meses, el gobierno argentino ha recortado 52,309 empleos públicos como parte de un ajuste continuo en el Estado. Las reducciones de personal se han concentrado principalmente en la Administración Pública Nacional y en empresas y sociedades estatales. En diciembre de 2023, antes de la llegada del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205,550 empleados, mientras que las empresas estatales tenían 91,166. Estas cifras se han reducido de manera significativa, afectando diversas áreas gubernamentales.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que este ajuste es esencial para reducir el gasto público, lo que, según él, brinda mayor libertad al sector privado. En los ministerios como el de Economía y la Jefatura de Gabinete, se han registrado recortes notables en el personal. Las empresas emblemáticas del Estado, como Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, también han visto reducciones significativas en su plantilla. La empresa AYSA, en proceso de privatización, y la Casa de la Moneda han experimentado importantes disminuciones de personal.
El impacto del ajuste se ha sentido más intensamente en el personal contratado. Los contratos regulares han disminuido un 21.5%, y los contratos especiales sin relación de dependencia han caído un 52.7%. Este cambio ha dejado a muchos trabajadores en situación de disponibilidad, un mecanismo que permite mantener la relación laboral en suspenso mientras se busca reubicarlos en otras áreas del Estado. La mayoría de estos casos se concentran en el Ministerio de Capital Humano.
Mientras tanto, el conflicto salarial persiste entre los empleados que permanecen en la planta estatal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del gobierno, que incluía un incremento del 7.5% distribuido en seis tramos, argumentando que no compensa la pérdida del poder adquisitivo del periodo anterior. En contraste, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la oferta del Ejecutivo.
El ajuste en el empleo público y las tensiones salariales reflejan el enfoque del gobierno en reducir el gasto estatal para fomentar la actividad privada. Sin embargo, este proceso ha generado debates sobre el impacto social y económico de tales medidas. Mientras algunos sectores celebran la disminución del tamaño del Estado, otros advierten sobre las consecuencias para los trabajadores y la prestación de servicios públicos.
