Veto Presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario por Javier Milei.

El presidente Javier Milei ha vetado la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando que su implementación desequilibraría las cuentas fiscales y respondería a intereses políticos más que educativos. A través del Decreto 647/2025, Milei formalizó su decisión, anticipada por el Ejecutivo, subrayando que la norma aprobada el 21 de agosto implicaba un gasto sin respaldo presupuestario. La ley proponía, entre otras medidas, la actualización automática de los gastos universitarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la asignación de partidas para los salarios de docentes y no docentes, comprometiendo así el plan de ajuste fiscal del gobierno.

El veto se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución, que permite al Ejecutivo desechar un proyecto de ley sancionado por el Congreso. El gobierno sostiene que esta acción no desconoce las instituciones democráticas, sino que es un ejercicio de una facultad constitucional habitual en la democracia argentina. La administración de Milei enfatiza que el Congreso intentó imponer una norma que, bajo la apariencia de promover la educación, buscaba realmente condicionar la política económica gubernamental, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal y el programa de estabilización.

Ante esta situación, la oposición ha convocado una sesión especial en Diputados para discutir el veto presidencial. Mientras tanto, el gobierno defiende su postura, insistiendo en que mantener el equilibrio presupuestario es crucial para la sostenibilidad de todas las políticas públicas, incluida la educación universitaria. Esta medida se presenta como un freno a una iniciativa que, según el oficialismo, podría haber comprometido la estabilidad económica del país.