Gobierno de Milei impulsa reforma de Justicia con traspaso a CABA
El Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron dos acuerdos para transferir nuevas competencias penales a la Justicia porteña. Los convenios fueron suscritos por Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, y contemplan el traspaso de delitos del Código Penal, infracciones de leyes penales especiales y competencias de Justicia Penal de Menores. Ambos acuerdos requieren aprobación del Congreso Nacional y la Legislatura porteña para entrar en vigencia.
El objetivo central es que la Ciudad asuma causas por delitos no federales que, pese a su autonomía reconocida desde 1994, continuaban bajo administración nacional. Con esta reforma de Justicia se busca una respuesta judicial más rápida, mejor distribución de recursos y un sistema más cercano a los ciudadanos. Entre los delitos que pasarán a la órbita porteña figuran delitos contra el honor —calumnias e injurias—, delitos contra la integridad sexual y delitos contra la libertad como reducción a la servidumbre y privación ilegítima de la libertad.
La transferencia también incluye delitos vinculados a seguridad del tránsito y leyes penales especiales como el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual y la protección de fauna silvestre. Uno de los puntos más relevantes es el traspaso de la Justicia Penal de Menores: la Justicia porteña asumirá de forma exclusiva el juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 18 años, además de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.
Gabino Tapia sostuvo que se le están transfiriendo a la Ciudad “las competencias judicales que le corresponden” y que, 30 años después de la autonomía, seguían administradas por la Nación. El funcionario destacó que el convenio permitirá avanzar en la consolidación de la autonomía porteña. En causas donde haya menores y mayores de edad involucrados en un mismo hecho, la Justicia de la Ciudad asumirá competencia exclusiva para investigar y juzgar, evitando así divisiones de causas, demoras y conflictos entre jurisdicciones.
