Acceso al legado de Weretilneck: Altec confirma uso de credenciales válidas
El Gobierno provincial informó a la Legislatura que el acceso indebido al legajo del gobernador Alberto Weretilneck se produjo mediante “credenciales válidas y debidamente autorizadas”, según consta en un informe de ALTEC, la empresa estatal responsable de los sistemas informáticos. La empresa sostiene que el ingreso “no constituye una vulneración de los controles de seguridad, sino un uso indebido de un acceso legítimamente otorgado”.
El requerimiento legislativo fue presentado por José Luis Berros, presidente de la bancada de Vamos con Todos, acompañado por otros legisladores peronistas e integrantes del bloque “en suspenso” Cambia Río Negro. Las respuestas llegaron del ministerio de Modernización, la Secretaría General y ALTEC, siendo esta última la que aportó los detalles técnicos más relevantes sobre el episodio.
ALTEC, en su nota firmada por su presidente Luis Ayestarán, precisó que el acceso ocurrió en “la capa de aplicación” del sistema, donde se encuentran los controles funcionales de acceso de usuarios. La empresa aclaró que esos controles “son definidos y administrados por la Secretaría de la Función Pública, no por esta empresa”. El hecho “no fue detectado por monitoreo automatizado” porque el acceso se materializó mediante credenciales válidas.
El ministerio de Modernización informó que el episodio “llegó a conocimiento del Poder Ejecutivo a partir de un aviso recibido” de un tercero. A partir de ese momento se “activaron los protocolos”, se “preservó la evidencia y se formuló la denuncia”. La Secretaría General coincidió en el origen del aviso y señaló que solicitó “de manera inmediata a ALTEC S.A.U. la investigación del hecho”.
Las tres contestaciones se amparan en la reserva derivada de la investigación penal iniciada tras la denuncia del Gobierno provincial. Hace unos días, ese trámite impulsado por el Ministerio Público fue archivado por el juez Adrián Dvorzak, al entender que los hechos se encuadraban en delitos de acción privada. De esta manera, el impulso de la acción penal quedó en manos del gobernador como particular afectado.
