El Gobierno de Milei apelará el fallo que suspendió el protocolo antipiquetes.
El Gobierno de Javier Milei ha decidido apelar el fallo judicial que ordenó la suspensión del protocolo antipiquetes, una medida esencial en su política de seguridad y orden público. Desde el Ejecutivo, argumentan que la resolución es jurídicamente errónea y que desconoce el amplio respaldo social que ha recibido el protocolo, el cual, según ellos, ha contribuido a recuperar la paz social y asegurar la libre circulación. La decisión fue tomada tras la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que identificó vicios legales en la aplicación del protocolo.
El entorno presidencial ha denunciado un trasfondo político en el fallo, afirmando que el 70% de la población apoya la medida. Desde la Casa Rosada, se hizo hincapié en que el protocolo es fundamental para mantener el orden y que, sin su implementación, se corre el riesgo de un retorno al desorden. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, defendió el protocolo en sus redes sociales, argumentando que garantiza derechos constitucionales y que su objetivo es ordenar las protestas para proteger la libre circulación de quienes desean trabajar y vivir en paz.
El juez Martín Cormick, responsable de la decisión, consideró que el protocolo excede las facultades del Poder Ejecutivo al legislar en materia penal y procesal. Sin embargo, el Gobierno sostiene que ha habido validaciones previas de los operativos por parte de la Justicia. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual diputada, también criticó la sentencia, sugiriendo que responde a intereses políticos y que el fallo perjudica a los argentinos que buscan vivir sin caos. La apelación se presenta como un intento del gobierno de reafirmar su postura sobre el manejo de protestas y el orden público en el país.
