Milei amplía restricciones en licitaciones para excluir empresas corruptas del Estado.
El Gobierno de Javier Milei ha implementado una importante modificación en el régimen de licitaciones y contrataciones del Estado, ampliando las restricciones para que empresas vinculadas a la corrupción puedan participar en procedimientos de obras, bienes y servicios. La nueva normativa establece criterios más amplios de inelegibilidad, excluyendo a aquellas empresas que hayan estado involucradas en conductas fraudulentas o colusorias.
Con la intención de fortalecer la integridad y transparencia en la contratación pública, el decreto exige a los organismos estatales analizar las ofertas y verificar que los oferentes no figuren en los listados de inhabilitaciones de organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta medida busca incorporar un control adicional basado en estándares internacionales para prevenir irregularidades en la contratación pública.
El Gobierno argumenta que la corrupción socava la confianza en las instituciones y perjudica la calidad de los servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Así, se enfatiza la necesidad de implementar medidas que disuadan y combatan prácticas ilícitas en el ámbito de las contrataciones, incluyendo la exclusión de empresas involucradas en cohecho.
La decisión llega en un contexto marcado por la condena judicial a Cristina Kirchner, quien fue hallada culpable de irregularidades en la adjudicación de obras viales. Además, el Gobierno ha modificado el registro de empresas habilitadas para participar en licitaciones, unificando los mecanismos de inscripción y calificación a través del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), como parte de un proceso más amplio de reordenamiento del rol del Estado en la economía.
