El Congreso cierra los juicios del default 2001 con un acuerdo por USD 171 millones.
La Cámara de Diputados aprobó con 139 votos a favor y 97 en contra la autorización para ejecutar el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra la Argentina por títulos de deuda en default desde 2001. Con esta votación, que se suma a la media sanción ya otorgada por el Senado, quedó convalidado el acuerdo de conciliación negociado en la justicia de Estados Unidos, a pocos días del plazo límite del 30 de junio fijado para su aprobación.
El entendimiento contempla un desembolso total de USD 171 millones, distribuido en USD 67 millones para Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El mecanismo de pago se hará bajo el formato de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberan en simultáneo con la cancelación y extinción de los bonos, y se establece que los propios holdouts deberán afrontar los costos legales generados por el litigio. Además, se incorpora una cláusula de standstill que les prohíbe iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas vinculadas a esta deuda una vez completada la operación.
La aprobación del acuerdo tiene como efecto inmediato el levantamiento de embargos que pesaban en tribunales estadounidenses sobre activos soberanos, entre ellos acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. También permite recuperar acciones de distintas clases de YPF que estaban comprometidas en las causas, otorgando mayor seguridad jurídica a la petrolera frente a futuros conflictos y facilitando su acceso a financiamiento e inversiones.
En el plano político, la iniciativa fue impulsada por el gobierno de Javier Milei y contó con el apoyo de bloques aliados como PRO y sectores de la UCR, mientras que fue rechazada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que cuestionaron tanto el destino de recursos como los términos del acuerdo. Desde el oficialismo se presentó la votación como un paso necesario para “cerrar” el capítulo de la deuda en default y mejorar el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de crédito, en tanto que la oposición advirtió sobre la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal de la operación.
La decisión del Congreso marca el cierre de los principales litigios vinculados al default de 2001 y busca despejar el horizonte financiero del país después de más de dos décadas de juicios y embargos. En paralelo, en la misma sesión se formalizó la incorporación de nuevos legisladores al recinto, en un contexto en el que el oficialismo procura sostener acuerdos parlamentarios para avanzar con su agenda económica y de reformas estructurales.
