Bolivia enfrenta crisis entre Poder Judicial y Gobierno
Bolivia atraviesa una nueva crisis institucional tras la amenaza del Tribunal Supremo de Justicia de paralizar los juzgados si el Gobierno y la Asamblea Legislativa no atienden sus demandas en 20 días. Romer Saucedo, presidente del TSJ
Las demandas del Órgano Judicial se centran en dos ejes: un aumento presupuestario y la aprobación de al menos cuatro proyectos de ley para reformar la administración judicial. Saucedo explicó en una entrevista televisiva que necesitan cerca de mil millones de dólares anuales para implementar un plan que incluye crear más juzgados y digitalizar trámites, medidas que según él acelerarían los procesos judicales y reducirían la corrupción. El presupuesto destinado a la Justicia en Bolivia es dramáticamente bajo: representa menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado. Esta cifra contrasta con el promedio regional de 3,8% del gasto público, según datos del Banco Mundial. Los magistrados también exigen autonomía en la gestión de recursos para administrar directamente el gasto e inversión, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía. La disputa entre poderes refleja deficiencias estructurales que afectan al sistema de justicia boliviano desde hace años. El cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial profundiza la incertidumbre institucional en un país que ya enfrenta múltiples desafíos políticos y económicos.
