Acusaciones de Espionaje Ilegal y Tensión Política en Argentina.
El presidente Javier Milei ha denunciado la existencia de una “red de espionaje ilegal” tras la divulgación de un nuevo audio relacionado con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Este incidente ha generado preocupación en el Gobierno, especialmente porque dos periodistas, Jorge Rial y Mauro Federico, han sido señalados como parte de esta supuesta red. A pesar de que el contenido del audio es considerado intrascendente, su filtración ha incrementado las tensiones políticas y ha motivado a Rial a anunciar futuras revelaciones.
La controversia escaló cuando un canal de streaming uruguayo difundió un audio atribuido a Karina Milei, desafiando una orden judicial argentina que intentaba frenar la divulgación de estos audios. En respuesta, figuras del Gobierno, incluida la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, han confirmado la existencia de grabaciones en la Casa Rosada. Bullrich describió el espionaje como una operación planificada con fines políticos, mientras que el fiscal Carlos Stornelli ha iniciado una investigación para determinar la legalidad de estas acciones, asegurando que no se investigarán las fuentes periodísticas sin orden judicial.
Rial y Federico comparecieron ante diputados de la oposición en la Comisión de Libertad de Expresión, donde reafirmaron su compromiso de seguir investigando y revelaron presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. En el Congreso, Rial denunció persecuciones por parte del Estado y mencionó presiones recibidas, mientras Federico negó vínculos con servicios de inteligencia y defendió su trabajo periodístico. La reunión, encabezada por Christian Castillo, no contó con la participación de miembros del oficialismo.
El Senado también ha reaccionado, con senadores de diferentes partidos condenando lo que perciben como un ataque a la libertad de prensa. La presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Carolina Moisés, calificó las acciones del Ejecutivo como anticonstitucionales, subrayando la necesidad de proteger la libertad de expresión en el contexto democrático actual. Esta situación ha exacerbado las divisiones políticas y plantea serias preguntas sobre la transparencia y el manejo de la información en el Gobierno.
