Caputo afianza su estrategia: avales del Banco Mundial, BID y CAF para asegurar el pago de la deuda y volver a los mercados internacionales.
El equipo económico que encabeza Luis Caputo avanza en la consolidación de su estrategia financiera y espera un nuevo respaldo clave: a fines de julio, el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debatirá la aprobación de una garantía para la Argentina por entre USD 250 y 300 millones. Este aval se sumará a los ya confirmados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la autorización oficial para negociar hasta USD 5.000 millones en préstamos garantizados con organismos y bancos internacionales.
Las garantías funcionan como un escudo financiero: no implican desembolsos directos para el Tesoro, sino que permiten al país salir a buscar fondos frescos en mejores condiciones y con tasas de interés sensiblemente más bajas que las que enfrenta hoy en los mercados de capitales. En ese esquema, la cobertura del Banco Mundial es la más voluminosa, por USD 2.000 millones, y opera de forma lineal, habilitando préstamos por un monto equivalente a ese aval. El paquete combina herramientas del BIRF y de MIGA y cubre el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo crédito comercial, con un plazo total de seis años y tres de gracia, lo que reduce el riesgo para los bancos privados que financien a la Argentina.
Las garantías del BID y la próxima a tratar en la CAF tienen una lógica distinta, con un efecto multiplicador: aunque sus montos nominales son menores, permiten apalancar volúmenes mayores de financiamiento privado. Un ejemplo es el aval del BID por USD 550 millones, que le abre al país la posibilidad de movilizar hasta USD 1.200 millones en créditos del sector financiero internacional. Tanto el Banco Mundial como el BID dejaron explícito que estos instrumentos buscan facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales y respaldar el programa de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI, mientras que en el caso del BID una parte de los recursos se orientará al programa Projesus, destinado a fortalecer el sistema penal y la recuperación de activos ilícitos.
En paralelo al armado de este “colchón” de garantías, el Gobierno formalizó vía decreto la posibilidad de tomar hasta USD 5.000 millones en préstamos con avales multilaterales, incluyendo cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, una práctica habitual en la deuda argentina bajo ley extranjera. La combinación de estos pasos con la reciente baja del riesgo país —que perforó mínimos desde 2018 tras la suba de la nota soberana de “CCC+” a “B” por parte de Standard & Poor’s— alimenta la expectativa de la plaza financiera de que, pese a las desmentidas públicas de Caputo, el Gobierno prepara el terreno para una emisión de deuda en el exterior en el segundo semestre, con el objetivo de reforzar las reservas y contar con mayor poder de fuego para sostener la estabilidad cambiaria en la antesala del año electoral.
