El Gobierno excluye a presos de derechos laborales: nuevos lineamientos en el régimen laboral.
El Gobierno ha decidido modificar el régimen laboral para las personas privadas de libertad, excluyéndolas de las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral recientemente aprobada. Esta medida busca terminar con la equiparación entre internos y trabajadores del mercado formal, permitiendo una nueva reglamentación que ajuste las condiciones laborales dentro del sistema penitenciario.
La iniciativa, que se originó durante la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, será profundizada por su sucesora, Alejandra Monteoliva. La reforma establece que los internos no recibirán aguinaldo, vacaciones ni jornadas completas de ocho horas, lo que busca evitar la aplicación de fallos judiciales que obligaron al Estado a otorgar beneficios laborales a quienes no cumplen con las condiciones típicas del trabajo en libertad.
Con esta modificación, el Gobierno pretende restablecer el enfoque original del trabajo penitenciario, que debe centrarse en la resocialización y capacitación laboral de los internos, sin asimilarlo al empleo convencional. La nueva reglamentación se elaborará cuidadosamente para evitar futuras impugnaciones judiciales y corregir lo que consideran una distorsión en el régimen penitenciario, garantizando una contraprestación económica acorde a las condiciones específicas de cada caso.
