Gobierno Suspende Más de 80,000 Pensiones Falsas de Invalidez: Un Paso hacia la Transparencia y Equidad.
El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva que resultó en la suspensión o baja de más de 80.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Este esfuerzo forma parte de un examen integral que abarca a un millón de beneficiarios en total. Según los hallazgos, un 60% de los beneficiarios no cumplió con el requisito de presentarse a la revisión médica obligatoria, lo cual es esencial para mantener el beneficio.
La ANDIS reportó que a 65.230 personas se les suspendió el beneficio debido a diversas irregularidades. Además, 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente para evitar posibles acciones legales, y 6.643 pensiones fueron dadas de baja tras confirmarse el fallecimiento de los titulares, con casos donde familiares seguían cobrando los pagos. En total, el Estado ha dejado de abonar 80.080 pensiones, lo que significa un ahorro mensual significativo de $23.143.120.000.
La auditoría, realizada por profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS, se centra en adultos bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, excluyendo a menores y personas ya auditadas en 2024. Este proceso busca redirigir los recursos a quienes realmente los necesitan, promoviendo transparencia y equidad en la distribución de beneficios. La revisión requiere que los beneficiarios presenten documentación como el DNI y certificados médicos relevantes.
Durante los gobiernos kirchneristas, el número de pensiones por invalidez laboral incrementó dramáticamente, alcanzando cifras sin precedentes. Según Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, se otorgaron pensiones incluso en actos políticos. La auditoría ha revelado numerosos casos de fraude, incluyendo falsos diagnósticos y beneficiarios fallecidos. Además, el Decreto 842/2024 ha reformado el régimen para fortalecer la supervisión y permitir la suspensión cautelar de beneficios ante sospechas de irregularidades.
El Ejecutivo destaca que estas auditorías son cruciales para asegurar el uso responsable de los recursos estatales. Se busca corregir la política de subsidios discrecionales de gobiernos anteriores, que no siempre reflejaba una evaluación médica o necesidad social genuina. En este contexto, se han detectado pagos a presos y prófugos, la mayoría otorgados durante gobiernos kirchneristas, subrayando la necesidad de una revisión rigurosa y un sistema más justo.
