Javier Milei reforma Carta Orgánica del BCRA para blindar el peso
El Gobierno impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para restablecer como función primaria la preservación del valor de la moneda, limitar la emisión monetaria que financia al Tesoro y recuperar la independencia de la entidad. El Presidente Javier Milei definió esta iniciativa como una de las prioridades de su agenda parlamentaria, presentándola como un paso decisivo hacia la sanidad financiera del país.
La reforma apunta directamente a desmantelar los cambios introducidos en 2012 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En aquella ocasión, bajo la dirección de Mercedes Marcó del Pont, se modificó el artículo 3 de la Carta Orgánica para reemplazar el mandato de “preservar el valor de la moneda” por un conjunto de cinco objetivos que incluían “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Milei cuestionó esta estructura en una reciente presentación ante la Fundación Faro, señalando que un Banco Central con múltiples objetivos termina priorizando el financiamiento político sobre el control inflacionario.
La reforma de 2012 también modificó el artículo 20 referido a los adelantos transitorios, un mecanismo que permitió al BCRA financiar al Tesoro con emisión monetaria sin precedentes. Antes de esos cambios, los adelantos tenían límites estrictos: se otorgaban por un máximo de 12 meses y se permitía un adicional del 10% basado en la recaudación del último año. El kirchnerismo elevó estos topes, añadió otro 10% con carácter “excepcional” y eliminó la obligación de usar esos fondos exclusivamente para pagos a organismos internacionales, otorgando al Poder Ejecutivo lo que el Gobierno describe como una “tarjeta de crédito ilimitada”.
El Presidente vinculó esta arquitectura institucional con el deterioro del peso argentino. Según Milei, por no defender la moneda, al peso “le sacaron 13 ceros”. La iniciativa busca erradicar lo que el Gobierno caracteriza como una estructura heredada que priorizó el financiamiento de proyectos políticos por sobre el control de la inflación, generando una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ciudadanos.
