Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Milei enviará al Congreso
El presidente Javier Milei anunció el envío con carácter urgente al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto que buscará ampliar las herramientas jurídicas, institucionales, económicas y diplomáticas disponibles para proteger los intereses estratégicos de la Argentina. La iniciativa fue presentada durante una cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas y constituye una respuesta a los avances del proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El proyecto modificará la Ley 26.659, que actualmente establece sanciones contra quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en áreas cuya soberanía reclama el país. La reforma endurecerá las penas contra las compañías involucradas en operaciones no autorizadas y extenderá las consecuencias a sus proveedores. Según explicó Milei, quienes colaboren con esos proyectos podrán recibir las mismas sanciones y prohibiciones que las empresas directamente implicadas. Los infractores tampoco podrán contratar en territorio argentino, ni con organismos públicos ni con empresas privadas.
Otro de los pilares centrales será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria en todo el Estado. El nuevo organismo coordinará la actuación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía para establecer una estrategia común frente a situaciones que involucren la soberanía y la seguridad nacional. El Gobierno solicitará al Congreso que otorgue al Consejo facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas ante actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
La ley también establecerá un marco específico para la protección de infraestructura crítica y un régimen destinado a reforzar la protección aeroespacial y marítima de la Nación. El proyecto contemplará, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia y extenderá el régimen sancionatorio a otras actividades realizadas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos. Milei sostuvo que la Argentina debe actuar con rapidez para impedir que empresas involucradas en proyectos no autorizados exploten recursos naturales en áreas reclamadas por el país, cuya explotación petrolera podría comenzar en los próximos meses.
