Con impulso de Meloni, la UE aprueba la Directiva de Retorno y acelera las deportaciones de inmigrantes ilegales
El Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva de Retorno, una reforma migratoria que busca acelerar y endurecer las deportaciones de inmigrantes ilegales dentro de la Unión Europea. La iniciativa obtuvo 418 votos a favor y 218 en contra, en un clima de fuerte tensión política y con celebraciones en el recinto, donde algunos eurodiputados corearon “send them back” tras la votación. La normativa aún requiere la aprobación del Consejo de la Unión Europea para entrar plenamente en vigor, pero ya se presenta como uno de los cambios más duros en la política migratoria del bloque en los últimos años.
El objetivo central de la reforma es aumentar de manera significativa el porcentaje de expulsiones efectivas. Actualmente, solo alrededor del 20% de los inmigrantes cuya solicitud de asilo es rechazada y que reciben una orden de deportación terminan siendo realmente retornados a sus países de origen. Frente a esta baja tasa de cumplimiento, la nueva regulación establece un marco común para que los Estados miembros puedan ejecutar las órdenes de retorno con mayor rapidez y eficacia, evitando dilaciones administrativas y vacíos legales que hoy dificultan las expulsiones.
Uno de los puntos más relevantes es la obligación de cooperación por parte de los inmigrantes sujetos a una orden de deportación. Las personas deberán entregar documentación, brindar información personal y mantenerse disponibles para todos los trámites administrativos vinculados a su caso. La negativa a colaborar podrá acarrear sanciones y hasta la detención, que bajo la nueva normativa podrá extenderse durante un período máximo de 30 meses para garantizar que el procedimiento de expulsión pueda concretarse, especialmente cuando haya dificultades para identificar al migrante o coordinar su retorno con terceros países.
La Directiva también refuerza el principio de reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión dentro del bloque. Una orden de deportación emitida por un Estado miembro podrá ser aplicada y ejecutada de forma más sencilla por el resto de los países de la Unión, evitando que los inmigrantes ilegales eludan los procedimientos trasladándose de un país a otro. Además, la norma habilita la creación de “centros de retorno” en terceros países, donde podrán ser alojados temporalmente los inmigrantes en proceso de deportación mientras se concreta su repatriación definitiva, en el marco de acuerdos entre la UE y esos Estados.
Por último, la reforma incorpora procedimientos más rápidos para las deportaciones forzosas y otorga mayores facultades de investigación y control a las autoridades migratorias, incluyendo registros y recopilación de pruebas. En casos considerados de riesgo para la seguridad o de incumplimiento reiterado, los inmigrantes podrán enfrentar prohibiciones de reingreso de hasta diez años al territorio europeo. En conjunto, la aprobación de la Directiva de Retorno representa un giro contundente hacia un enfoque más restrictivo y securitario en materia migratoria dentro de la Unión Europea.
